El Colegio de economistas avisa de los efectos del tope al alquiler de viviendas
Los colegios de economistas son contrarios a la penalización y el control de rentas como solución al problema del alquiler de viviendas
Los colegios de economistas CEMAD de Madrid y Colegio de Economistas de Cataluña, en una jornadas organizadas conjuntamente, coincidieron en cuestionar los topes al alquiler de vivienda en zonas tensionadas y el nuevo índice de referencia de los precios de alquiler que el gobierno ha impuesto, y que ya fueron planteados en la Ley 12/ 2023 de la vivienda.
Ambos Colegios de economistas se manifestaron contrarios a la penalización y el control de rentas como solución al problema del alquiler. Los incentivos a la oferta de viviendas de alquiler serían la solución más adecuada, así como un consenso en las políticas en el sector que de estabilidad al mercado.
Destacamos las manifestaciones de algunos de los intervinientes en las jornadas:
Carles Puig de Travy decano del Colegio de Economistas de Cataluña argumentó que "La vivienda es un derecho fundamental y está maltratado por los políticos. Se dedica sólo el 1% del gasto público a la vivienda" remarcando que "ante la falta de oferta, hay que hacer políticas expansivas. En materia de vivienda la colaboración pública-privada es muy importante" y que "La regulación sobre la vivienda tiene que consensuarse con el sector".
Amelia Pérez Zabaleta la decana del CEMAD, , reconoció la importancia del acceso a la vivienda para los jóvenes; "Además de los problemas económicos, el paro, la sanidad o la educación, la vivienda se ha posicionado como una inquietud creciente", y sobre el nuevo índice de precios de alquiler manifestó: " los efectos adversos que este tipo de medidas puedan tener sobre el mercado".
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid planteó que "la solución no pasa por la penalización y por el control de precios, sino por la creación de incentivos que incrementen la oferta de vivienda a medio y largo plazo". En relación a la declaración de zonas tensionadas y la polémica situación actual (esta medida solo se ha aplicado en Cataluña) comentó que "las administraciones tienen que elaborar planes específicos como exige la ley y esos planes tienen que ser realistas, que tengan un calendario y estén consensuados con todos los actores involucrados".
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) sobre la Ley 12/2023 de la vivienda declaraba: "Esta ley surge de la necesidad del apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que la aprobación de una ley de estas características va a tener un efecto contrario al deseado, vulnera el derecho a la propiedad y produce unos efectos asimétricos entre propietarios y grandes tenedores" añadiendo que "en un país que necesita viviendas, sobre todo nueva, estamos asistiendo a la marcha de la inversión internacional. Aquellas zonas donde se está reforzando la seguridad jurídica es donde más inversión atraen. Estamos a las puertas de entrar en una dinámica de difícil retorno. Las políticas de la vivienda tienen que plantearse desde un punto de vista pragmático y no ideológico".
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