El Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra un informe y evaluación sobre la situación económica en nuestro país y sobre la situación del sector inmobiliario y el problema de la vivienda.
Según el FMI las políticas sobre la vivienda deben enfocarse más en el desarrollo y crecimiento de la oferta de viviendas que en el apoyo a la demanda. La nueva Ley de la vivienda 12 /2023 trata de resolver la dificultad del acceso a la vivienda y la subida disparada de los precios poniendo topes a estos precios de alquiler de vivienda, pero no está claro que estas medidas sean eficaces y no contraproducentes. Sus consecuencias podrían ser reducir la oferta de vivienda y limitar el acceso de los más necesitados al alquiler de vivienda, que es justo lo que se quiere resolver. Según el FMI sería necesario evaluar el impacto de las medidas en Cataluña que es donde se están aplicando únicamente hasta el momento.
Para el FMI sí son es un paso adecuado en el esfuerzo por ampliar la oferta el aprovechamiento de los fondos NGEU en viviendas asequibles en suelo público y la expansión del parque de viviendas social. Así mismo es de vital importancia la racionalización de la planificación urbana, desburocratizando la concesión de licencias a nivel regional y local entre otras medidas.
España ha soportado bastante bien las medidas de endurecimiento financiero del BCE para combatir la inflación. Nuestro sector inmobiliario no parece tener grandes riesgos sistémicos. Las entidades bancaria significativas (EBS) en nuestro país cuentan con colchones de liquidez y mejoras en el ratio de capital. Las mejoras en la rentabilidad han reforzado la calidad de los activos bancarios.
El precio de la vivienda no ha disminuido a pesar del aumento de los tipos de interés y el descenso de las operaciones inmobiliarias.
El FMI constatar un alto nivel de resiliencia de nuestro sistema financiero inmobiliario. Se advierte una solida liquidez en los periodos de crisis y abundantes reservas de activos líquidos de buena calidad. No obstante aconseja políticas que permitan a la entidades bancarias reforzar sus colchones de capital, que son más bajos que otros en la zona euro, para poder satisfacer mejor la demanda de créditos ante riesgos de cola a la baja.
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